Ciudad de México.- A fin de garantizar un ejercicio legal, eficiente y eficaz de los recursos públicos de modo que efectivamente contribuyan a resolver los problemas y necesidades sociales y económicas del país, en vez de continuarse desviando en corrupción y otras prácticas indebidas, el diputado Armando Soto Espino consideró necesario una mayor participación ciudadana en la vigilancia del gasto a través del fortalecimiento de la Contraloría Social.
Anunció que para tal efecto presentará próximamente una iniciativa de reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas mediante la cual se añadirían los artículos 112, 113 y 114, de modo que se mejore la calidad de la información que demanda y se le presente a la sociedad civil organizada, se reciban sus sugerencias y posteriormente se le presenten resultados.
El legislador perredista señaló que, a pesar de los avances en cuanto a la participación de la sociedad en la fiscalización del gasto a partir de los años 90 del siglo pasado, esta ha sido insuficiente, incluso, ha tenido retrocesos, de tal manera que los ciudadanos carecen de mecanismos para opinar y proponer sobre el proceso presupuestario, tanto en su diseño como en su ejercicio.
A su vez, el Legislativo prácticamente desaparece durante el ejercicio del gasto anual, el cual es modificado discrecionalmente por el Ejecutivo.
“El modelo convencional de Contraloría Social se enfoca en la vigilancia de los recursos y acciones de programas de gobierno sobre el desarrollo social y la obra pública. Sin embargo, esta acción resulta insuficiente para dar respuesta institucional al derecho de los ciudadanos a la rendición de cuentas de manera integral, en cada una de las políticas públicas que lleva a cabo”, precisó el legislador del PRD.
El también presidente del Comité de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados destacó que ya existen algunas organizaciones ciudadanas que cuestionan a las autoridades, promueven la rendición de cuentas y la transparencia del quehacer gubernamental, llevan a cabo tareas de control y monitoreo, y promueven sistemas de evaluación para dar seguimiento a las contrataciones del Estado vía internet.
Sin embargo, existen en México actores e instituciones que se niegan a rendir cuentas, hecho que en la práctica constituye un obstáculo a la fiscalización de los recursos públicos, lo que interrumpe los procesos de revisión y afecta el oportuno fincamiento de responsabilidades a los funcionarios involucrados.
En este sentido, señaló que la propuesta busca contribuir a la generación de condiciones para que la sociedad sea actor fundamental del proceso, por lo que debe disponer de capacidades equivalentes a los poderes estatales para ejercer una acción de contrapeso y promover acciones colectivas.
“La propuesta buscará que la sociedad civil exija una mejor rendición de cuentas a las instituciones del Estado, por lo que se hace necesaria la existencia de más y mejores mecanismos para hacer posible el control social y mejorar el quehacer de la administración pública”, puntualizó.
A pesar de los antecedentes de la contraloría social y la existencia de algunas organizaciones civiles avocadas a ello, consideró que todavía hay desconocimiento y poca participación ciudadana.
No obstante, los ciudadanos tienen el derecho de vigilar y exigir en todo momento la rendición de cuentas sobre la actividad y manejo de recursos públicos, mientras que los servidores públicos tienen la obligación de informar, explicar y dar cuentas de sus actos, tal como lo establecen los organismos y convenios de los que el Estado mexicano es parte. A ello buscará contribuir su propuesta de reforma, concluyó.
